EÑE | Hacia una ciudad prostituida

En poco tiempo es probable que sólo pueda ver la plaza de San Marcos de Venecia en postales. Y algo parecido con algunos de los monumentos y canales de la Perla del Adriático. A menos que tenga una tarjeta especial de acceso reservada muchos meses antes. Eso decidió Luigi Brugnaro, alcalde de Venecia, tras un informe de la Unesco que previene contra el deterioro irreversible de la ciudad por el turismo.

Y es que los vestigios de la historia y cultura de la humanidad, que la Unesco trata de conservar, pueden ser destruidos precisamente por aquellos que viajan desde todos los confines para visitarlos. Venecia tiene 50.000 habitantes y recibe cada año treinta millones de turistas contra el parecer de los vecinos que se sienten agredidos, por el ruido, la masificación y hasta las orinas callejeras derivadas del turismo ambulante.

En Barcelona, y otras ciudades de Catalunya y España, no se ha llegado a ese nivel crítico de deterioro urbano como consecuencia del turismo, pero todo apunta en esa dirección. La famosa Rambla de Barcelona se ha convertido en un parque temático, que apenas frecuentan los barceloneses y en donde todo gira en torno al espec­táculo circense para visitantes convertidos en presa fácil de los rateros. Pero el rechazo social al turismo (que no al turista) extendido entre los ciudadanos no se refiere tan sólo a las molestias ­derivadas de la presencia de nueve millones de turistas (más doce millones de visitantes diurnos), concentrados en zonas específicas de la ciudad, en una urbe de 1.600.000 habitantes. Mucho más importante es el impacto sobre los alquileres y precios de inmuebles que han aumentado a niveles que no puede asumir la gran mayoría de la población residente, en particular los jóvenes. El problema es la inversión especulativa de inmobiliarias internacionales y la transformación frecuentemente ilegal de miles de pisos en pisos turísticos por la acción de intermediarios como Airbnb y webs del estilo.

El impacto más perjudicial para la población proviene de que en un espacio ya casi totalmente edificado la ocupación con fines turísticos incrementa a niveles extraordinarios las ganancias que se pueden ­obtener por los alquileres.

En muchos casos son los propietarios de pisos los que los ponen a disposición de los intermediarios turísticos, contraviniendo las decisiones de las comunidades de propietarios y, sobre todo, las ordenanzas munici­pales que regulan las actividades de alojamiento según las zonas. No se pueden convertir sin permiso edificios de vivienda en alojamientos que se hacen medio hoteles (mal conviviendo con los vecinos que allí viven).

Es ahí donde el Ayuntamiento de Barcelona y otros ayuntamientos están intentando incidir. Pero no es fácil. Porque las ganancias son tan considerables, y tan concentradas en los intermediarios, que las multas no son disuasorias. Y porque no se trata de pequeños propietarios e inquilinos, sino de multinacionales que disponen de un ejército de abogados y de múltiples testaferros para defenderse contra la aplicación de la ley. Por eso la tensión ciudadana crece y en algunos casos los vecinos acaban enfrentándose a la construcción de hoteles, que, en realidad, tienen mucha menor incidencia en los precios. Aunque sí que es cierto que contribuyen a aumentar la presión turística sobre servicios urbanos y sobre el uso de la ciudad, al igual que los cruceros masivos que desembarcan miles de visitantes sin pagar pernoctación.

Claro que el turismo, motor de la industria hotelera, de restauración y servicios personales, y sobre todo, con su correlato de inversión inmobiliaria, es un sector de actividad económica fundamental para Barcelona y para muchas otras ciudades de la Península. Y como tal, sería un dislate rechazarlo. Pero es necesario canalizarlo y regularlo para que contribuya al bien común y no sólo a sus empresas. Ni más ni menos que como cualquier otra actividad económica. Como se hace con el control de la contaminación industrial. El problema no es tanto el sector hotelero, con empresas razonables que pueden negociar una regulación, sino el turismo salvaje y desregulado, tanto en el alojamiento como en el uso del espacio urbano. Porque si el único argumento para no controlarlo es su contribución al gasto (del que habría que restar el costo de los servicios) y al empleo (precario y poco productivo), estaríamos hablando de sacrificar la calidad de vida de los habitantes en función de transformar su ciudad en un espacio de ocio para quien pague. Sería, en cierto modo, prostituir la ciudad.

Manuel Castells

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Autor: Jimena

Antropóloga

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